LA JUVENTUD EN EL SENO DEL ESTADO AUTONÓMICO

Gonzalo Gabriel Carranza

Jueves, 20 Junio, 2019

En la ponencia, el autor discute sobre los diversos tipos de abordajes que se han dado sobre la juventud en los diecisiete Estatutos de Autonomía. Para ello, divide su exposición en 3 partes:

  • Una primera, donde se hace referencia a la regulación constitucional de la “juventud”, tanto en el art. 20.4, como en el art. 48 CE;
  • Una segunda, donde se hace referencia a los Estatutos de Autonomía y a las diversas categorías que se pueden construir a partir del diverso abordaje de la “juventud” en su seno;
  • Una tercera, donde se baja al nivel infraestatutario y se analizan las leyes autonómicas que refieren tanto a las diversas instituciones y organismos que trabajan con la juventud y su organización interna, como aquellas referidas estrictamente a la juventud como un principio rector de las políticas públicas y de los poderes públicos autonómicos.

En el segundo escalón de análisis, es preciso destacar la existencia de tres categorías en las que se engloban los diversos abordajes de la juventud en los Estatutos:

  • Aquellos que la receptan como materia competencial exclusiva, haciéndolo a su vez de dos formas específicas:

- Desarrollando su contenido específico; ó
- Estableciendo la materia competencial a secas.

  • Aquellos que la receptan como principio rector de los poderes públicos autonómicos, recogiendo casi la misma redacción que el art. 48 CE, pero aclarando que la juventud es la de la propia Comunidad Autónoma;
  • Aquellos que no la receptan de manera alguna, entre los que hay que destacar a Asturias y La Rioja, que han suprimido, en su Estatuto de segunda generación, la recepción específica que antes sí realizaban.

Algunas de las conclusiones más importantes son:

  • Existe un avance de las Comunidades Autónomas sobre la materia competencial, lo que no desapodera al Estado en su posibilidad de regular aspectos de la juventud a través de otras competencias sectoriales exclusivas;
  • Las Comunidades Autónomas han recogido como competencia exclusiva una cuestión que, prima facie, es un principio rector;
  • El avance de las Comunidades sobre el tema se ha debido al desarrollo de los Estatutos de segunda generación y al querer encapsular sus poderes frente al Estado, en épocas de bonanza económica;
  • La regulación actual en las Comunidades otorga una garantía jurídica al colectivo, aunque las políticas públicas no han sido plenamente desarrolladas.

 

 

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