MEMORIA DEMOCRÁTICA Y VÍCTIMAS DE ETA: RAZONES DE PESO PARA SU EXTENSIÓN

Sergio Martín Guardado


Investigador Predoctoral en formación en el area de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca

Lunes, 23 Noviembre, 2020

A propósito del Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática, presentado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, me parece oportuno indagar sobre la pertinencia de incorporar a la carrera de la legislación en materia de memoria democrática el reconocimiento y la memoria de las víctimas de la banda terrorista ETA. Tal es la conexión del concepto de memoria democrática con el reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo etarra, que la propia Ley 29/2011, de 22 de septiembre, alude al mismo sin referenciarlo de forma expresa. En su artículo segundo establece como principios fundamentales los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Fundamentalmente, para precisar: la memoria democrática va más allá de la protección individualizada de las víctimas y se debe circunscribir a una acción del Estado emprendida con vocación de tener alcance colectivo. Esto es, “memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y político”; “dignidad, simbolizando en las víctimas al defensa del Estado democrático de Derecho frente a la amenaza terrorista” y; verdad, “para poner de manifiesto la violación de derechos humanos que suponen las acciones terroristas”.

La relación directa entre la defensa del régimen constitucional por parte de las víctimas de ETA y las acciones de la banda es recíproca. Si ETA que se expresaba atentando contra ellas, lo hacía concibiéndolo como una respuesta de ataque al sistema democrático. Esto hace evidente la necesidad de circunscribir el reconocimiento social y político de las víctimas al ámbito normativo de la memoria democrática. El legislador busca así un reconocimiento de las víctimas, consolidando su memoria -o lo que es lo mismo, lo hace con la vista puesta en que la pérdida de sus vidas no caiga en el olvido, ni por parte ciudadanía ni por la falta de acción de los poderes públicos-, al traer los atentados y asesinatos etarras causa directa de la defensa del Estado de Derecho por parte de los asesinados, en muchas ocasiones. Se ensalza así la dignidad y la vida humanas como fundamentos del orden político y la paz social (art. 10.1 CE) y base para el desarrollo de los derechos fundamentales como esencia de la democracia constitucional, que queda presidida por los valores fundamentales de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político (art. 1.1 CE), que menoscababa la banda. Recordando al profesor Tomás y Valiente, “cada vez que matan a una persona, nos matan a todos un poco”. Esto es, un atentado terrorista es, en todo caso, una afrenta directa contra el régimen democrático y constitucional. Dicho de otro modo, la idea es: la sociedad democrática no puede pervivir con su mayúscula seña de identidad -la libertad- sin recordar a quienes contribuyeron a perpetuar aquella y la democracia misma.

La Ley de Memoria Histórica tiene idéntica inspiración si partimos de una interpretación hermenéutica pues su objeto es, como reza su primer precepto: la “reparación moral y recuperación de su memoria personal”, con el fin de “fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”, a través de la facilitación del conocimiento de los hechos y circunstancias que ocurrieron durante la guerra civil y la dictadura franquista contra aquellos valores y libertades (art. 2). En relación análoga y directa a lo que anteriormente se ha expresado: si se pretendió por parte de ETA menoscabar los valores democráticos consiguiéndolo por momentos, la guerra civil y la dictadura excluyeron por completo del orden social los valores y libertades propias de un sistema democrático. Salvaguardar la memoria de las víctimas y del rechazo ciudadano e institucional al terrorismo etarra, es igualmente, condición sine qua non para seguir construyendo el camino democrático emprendido en el 78.

¿Por qué es necesaria, entonces, la enmarcación conceptual de la memoria de las víctimas de ETA en el seno de la memoria democrática? La democracia debe derrotar definitivamente a los verdugos, salvaguardando la memoria de las víctimas.

Porque al igual que durante la guerra civil y la dictadura y, a pesar de haberse contado con todos los medios de un régimen democrático consolidado para acabar con la banda, siguen existiendo crímenes sin resolver y asesinos sin identificar. Una medida de reparación necesaria el investigar tales sucesos y tratar de dar descanso a la memoria de las víctimas y que así lo deseen.

Porque los símbolos que aún quedan en Euskadi en recuerdo de ETA y, en muchos casos, contra las víctimas que derramaron por acción irracional su sangre, deben ser retirados al ser contrarios a los valores y principios que sustentan la democracia: la vida y la dignidad de las víctimas, son nuestro fundamento y orden de convivencia. Los poderes públicos deben impedir que se repitan actos contrarios a las víctimas, que revivan el dolor sufrido. ¡Nuestro sistema es pluralista!

Porque existen asociaciones que hacen apología de la banda, incitan al odio o la violencia contra su memoria: pensemos en los homenajes a los verdugos. Esa apología no debe ser permitida si se ha de guardar respeto, memoria, verdad, dignidad y justicia a las víctimas.

Y quizá hoy lo más importante: el camino recorrido en defensa de la libertad no puede ser desvirtuado, permitiendo que caiga en el olvido. La sociedad y, por supuesto, las familias y víctimas, tienen un “derecho al recuerdo” que contribuirá, sin duda, a fortalecer los valores fundamentales que se hicieron valer frente a la barbarie y vencieron ante tales acciones terroristas. ¿Cuál es el futuro de la sociedad? Los más jóvenes, como en materia de memoria histórica, deben recibir una formación integral en la memoria de la lucha política y social contra el terrorismo. Los poderes públicos han de implementarlo así en la acción formativa en ESO y Bachillerato, que próximamente estará orientada a “fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas”, centrándose en los fenómenos de la guerra civil y la dictadura franquista.

Me parece igual de oportuno que desde el sector público se contribuya a que se conozca, difunda y promocionen los ataques a la democracia, si los ataques, porque son historia de la democracia. Su superación, requiere de su eterno reconocimiento. No podemos formar a los ciudadanos que dirigirán la sociedad del mañana sin saber que son consecuencia de una sociedad que se rebeló frente a la barbarie dejando por el camino a tantos ciudadanos para que otros vivieran libres para siempre.

Hasta aquí no hecho más que desgranar las nuevas modificaciones que introducirá este Anteproyecto de Ley para las víctimas de la guerra civil y la dictadura. Son igualmente aplicables y necesarias al ámbito de la memoria y en reconocimiento y justicia de las víctimas de la banda. Tener memoria colectiva es vital para mantener y seguir manteniendo un orden constitucional que nos ha permitido luchar y superar grandes ataques contra la libertad personal ideológica y de expresión y la propia vida.

No quiero llegar a otra conclusión, sino: no repetir errores del pasado. Durante muchos años mantuvimos como tema tabú el asunto de la memoria histórica, erróneamente. Hasta que los poderes públicos se decidieron a legislar sobre la reparación de la memoria y la dignidad de las víctimas de aquel régimen autocrático que la propia Constitución de 1978 enmienda de plano, no fuimos más democracia, cualitativa y cuantitativamente. Hoy se siguen dignificando memorias personales, para dignificar la memoria colectiva. Es pues la inclusión en la política legislativa en materia de memoria democrática una actividad obligada: un asunto de Estado que dignifique colectivamente a la sociedad en su lucha contra el terrorismo y en su defensa del régimen constitucional.

En estos días de discursos tabú, hemos de preguntarnos: ¿ETA fue derrotada por la democracia? Nos queda una asignatura pendiente: incorporar la memoria de sus víctimas, que nos convirtieron a todos en víctima del terror y la barbarie. Ello es propio del carácter epistemológico del concepto jurídico indeterminado de la memoria democrática.

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